Se aprueban la Ley de Apoyo Humanitario y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

El 15 y 16 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Humanitaria y para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, las cuales permitirán enfrentar el impacto del COVID-19, facilitando la reactivación económica y la generación de acuerdos para cuidar a los más vulnerables, sostener el empleo y las fuentes de trabajo; y mitigar el impacto en educación, salud y otros sectores prioritarios.

Ley de Apoyo Humanitario:

  • Establece que los trabajadores y empleadores podrán llegar a acuerdos para modificar las condiciones económicas de la relación laboral, con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo, evitar la quiebra de empresas y garantizar la estabilidad. La validez de los acuerdos dependerá de los estados financieros presentados por los empleadores a los trabajadores de forma completa, veraz e íntegra. De producirse el despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de la ley, las indemnizaciones se calcularán con base en la remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo.
  • Las empresas podrán celebrar contratos por tiempo definido para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o negocios. La jornada laboral para este tipo de contratación podrá ser parcial o completa (entre 20 y 40 horas semanales), distribuidas en un máximo de seis (6) días sin sobrepasar las ocho (8) horas diarias. La remuneración y beneficios de ley serán proporcionales de acuerdo con la jornada pactada.
  • Las guarderías, escuelas, colegios y universidades particulares NO podrán suspender la asistencia y evaluación de los alumnos por retraso de pago en las pensiones durante la vigencia del Estado de Excepción.
  • Durante la cuarentena obligatoria y hasta 60 días después de que culmine, no se ejecutarán desahucios a arrendatarios de viviendas (excepto cuando haya peligro de destrucción o ruina del edificio, o usos ilegales). Ambas partes podrán acordar por escrito un plan de pago de lo adeudado; para el efecto, los arrendatarios deberán cancelar al menos un 20% del valor pendiente.
  • Desde la vigencia del Estado de Excepción y hasta un año después, se prohíbe el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos. Se incluye a los de telecomunicaciones e Internet, prestados por instituciones públicas o entes privados. Además, se dispone una rebaja del 10% en el valor del servicio eléctrico hasta el mes de junio de 2020, para familias de escasos recursos económicos.
  • De abril a julio del 2020, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) extenderá la cobertura de salud hasta 60 días adicionales, para los afiliados que perdieron su trabajo durante la emergencia.
  • Las personas naturales que ejercen actividades económicas –micro y pequeñas empresas- y otros negocios que cerraron debido al Estado de Excepción y no pudieron pagar sus obligaciones con la seguridad social de marzo a junio del año en curso, podrán realizar sus pagos al IESS sin que estos generen intereses ni multas ni recargos
  • Miles de emprendedores podrán beneficiarse de nuevos créditos a largo plazo, periodos de gracia y tasas preferenciales.
  • La Ley de Apoyo Humanitario les permitirá llegar a un acuerdo de reprogramación de cuotas impagas de las deudas (esto incluye a las tarjetas de crédito).

Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas:

  • Permitirá ordenar las cuentas públicas y reactivará la economía nacional.
  • Propone reglas de juego homogéneas y permanentes que conduzcan al crecimiento con equidad social, facilitando un manejo ordenado y coherente de las finanzas públicas.
  • Promueve coparticipación y corresponsabilidad en el manejo fiscal para todas las entidades y niveles de gobierno y no afecta a la autonomía de las instituciones públicas, ni del Instituto de Seguridad Social (IESS) ni tampoco de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Además, ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de los fondos y reservas de la seguridad social.
  • No le da más poder al Ministerio de Economía y Finanzas porque reduce el margen para incrementar el Presupuesto General del Estado de 15% a 5% durante su ejecución.
  • Permite contar con un seguro para enfrentar la volatilidad del precio del petróleo y un fondo para contingencias. Durante el Gobierno anterior se satanizó la posibilidad de contar con algún tipo de garantía o fondo que nos permita afrontar las crisis provocadas por el desplome del precio del barril de crudo u otros embates en materia económica. Esto nos habría ayudado a afrontar la emergencia que vivimos actualmente. Para evitar situaciones como esta, la Ley contempla estos mecanismos.
  • Impide el endeudamiento por parte de futuros gobiernos al establecer que el límite de deuda podrá ser modificado cada cinco años hasta un techo máximo del 45% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, dispone que el límite deberá regresar a los límites iniciales del 40% del PIB durante los próximos tres años.

 

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