Sin importar quién sea el responsable, el Gobierno no permitirá que malos funcionarios lucren del dolor de una tragedia. Quienes cometan actos de corrupción serán sancionados con el rigor de Ley. Con este propósito el Gobierno Nacional ha ayudado a crear las condiciones necesarias para erradicar la corrupción.

• LIBERTAD PARA INVESTIGAR. Desde mayo de 2017, el país recuperó la libertad de expresión. Tanto periodistas como activistas sociales cuentan con todas las garantías para denunciar irregularidades en la gestión de recursos públicos.

• POLÍTICA DE TRANSPARENCIA. A diferencia del pasado, este Gobierno ha precautelado el buen uso de los recursos de la gente. Por ello, ha desarrollado una serie de acciones para prevenir la corrupción y dar seguimiento a las denuncias.

• JUSTICIA INDEPENDIENTE. Gracias a la gestión de este Gobierno, en el país hay independencia de Funciones, lo que garantiza que los responsables de cualquier acto de corrupción sean investigados y sancionados con todo el peso de la Ley.

• CONTROL. El Ejecutivo brinda todas las facilidades a las entidades de control para que investiguen y determinen las sanciones respectivas en contra de quienes han aprovechado la emergencia sanitaria y el dolor ajeno para beneficiarse.

• NO A LA IMPUNIDAD. Hoy más que nunca velamos por el buen uso de los recursos públicos porque la corrupción del anterior Gobierno se llevó el dinero que, precisamente, serviría para atender la emergencia sanitaria. Por varios de estos actos que atentaron contra las finanzas públicas, los principales líderes del correísmo han sido sentenciados.

• DENUNCIAS. Desde marzo de 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha presentado, a la Fiscalía General del Estado, 12 denuncias sobre posibles casos de tráfico de influencias, concusión, usurpación y simulación de funciones públicas, entre otros. Se realizaron con 11 allanamientos en tres ciudades para combatir una red que operaba chantajeando a muchos ecuatorianos.

MAYOR CONTROL A LAS CONTRATACIONES

Esta es una política prioritaria del Gobierno. Por ello, dispuso la implementación de mecanismos y normativas en instituciones y empresas públicas para evitar sobornos y perjuicios al Estado en los procesos de contratación. La Secretaría Anticorrupción (creada en 2019) ha vigilado su aplicación y el seguimiento de las denuncias.

• TRANSPARENCIA EN LA EMERGENCIA. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) dispuso un micrositio en su página web, en donde publica todas las resoluciones de contratación por la emergencia para transparentar información.

• NUEVO SISTEMA DE ADQUISICIÓN. El Gobierno Nacional dispuso, mediante Decreto Ejecutivo, la implementación de un Sistema unificado de compra de medicamentos e insumos médicos, que optimiza la distribución, acceso y control de fármacos y otros bienes clínicos en el sistema público de salud en el país.

• DATOS ABIERTOS. Además, el Sercop puso a disposición de la ciudadanía la plataforma “Datos Abiertos”, que alojará los detalles de todas las compras, en bienes, servicios y montos contratados durante la emergencia sanitaria.

• IESS. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) conformó un equipo especial para estudiar los procesos de contratación pública realizados en hospitales de la institución, en el marco de la emergencia sanitaria.

• COLABORACIÓN. El Ejecutivo ha brindado toda su colaboración y ha facilitado toda la información necesaria para que los organismos de control lleven adelante las investigaciones respectivas en los procesos judiciales por casos de corrupción.

• COMISIÓN INTERNACIONAL. El Gobierno, además, creó mediante Decreto Ejecutivo, la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce). Se espera que la entidad empiece su trabajo este año.

• CONVENIO. En la visita oficial a Estados Unidos, en febrero pasado, se suscribió un acuerdo para la creación de la Unidad Especial para la Lucha Contra la Corrupción y el Lavado de Activos, en la que participarán, como contrapartes de los organismos estadounidenses, la Fiscalía General, la Unidad de Lavado de Activos y el Gobierno Nacional.