La apostilla es el acto administrativo mediante el cual se realiza la comprobación de que la firma del documento presentado, sea idéntica a la firma que consta en los archivos de la autoridad apostilladora y por lo tanto, da fe de su autenticidad.
Legalmente, este procedimiento se fundamenta en el “Convenio por el que se Suprime la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros», de 5 de octubre de 1961. Son aplicables las determinaciones del artículo 1 de dicho instrumento internacional que dispone: “El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante. Se considerarán como documentos públicos en el sentido del presente Convenio: a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial; b) los documentos administrativos; c) los documentos notariales; d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas. Sin embargo, el presente Convenio no se aplicará: a) a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares; b) a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.”

Se pueden consultar las entidades que en cada uno de los Estados emiten la apostilla en este link:

HCCH | Authority