Base legal – CNIMHU

Igualdad

El Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana (CNIMHU) tiene su base en la Constitución, Art. 156. Para hacer efectivo los derechos de las personas en situación de movilidad humana y para modificar las condiciones que impiden el ejercicio de los derechos o que directamente los vulneran, se tiene como base de nuestro accionar el Art. 9 de la Constitución, que señala que “Las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos”; igualmente el Art. 11 de la Constitución numeral 2: “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. Además, el “Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”.

El Art. 40 señala que “se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”. Esta visión se completa con lo señalado en los artículos 41 y 42 a través de los cuales se reconoce los derechos de asilo y refugio, y se prohíben los desplazamientos arbitrarios. Así como “El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia” (Art. 41).

La Constitución también define las acciones (Art. 40) que el Estado debe desarrollar para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria:

  1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país”.
  2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos”.
  3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior”.
  4. “Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario”.
  5. “Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior”.
  6. “Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros”.

Adicionalmente, el Art. 66 de la Constitución, numeral 14.- garantiza a las personas “El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente.

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados”.

Los Arts. 156 y 157 de la Constitución disponen la creación y la forma de integración de los Consejos Nacionales para la Igualdad como órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, ejerciendo atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidades y de movilidad humana, de acuerdo con la ley; coordinando con las entidades rectoras y ejecutoras de protección de derechos en todos los niveles de gobierno.

El Art. 340 de la Constitución, en el marco del Régimen de Desarrollo, establece el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social como el conjunto articulado y coordinado de sistemas e instituciones que norman las políticas, programas y servicios como garantistas de derechos consagrados en la Constitución.

El Art. 341 de la Constitución, a través de sistemas especializados de acuerdo con la Ley, garantizará la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, priorizando su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.

El Art. 392 de la Constitución manifiesta que el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria, a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional y coordinará las acciones con otros organismos de otros Estados.

 

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