Presidente Guillermo Lasso decidió disolver la Asamblea como una respuesta constitucional a la crisis política y conmoción interna que vive Ecuador
Quito, 17 de mayo del 2023
El Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, firmó hoy el Decreto Ejecutivo No. 741, acogiéndose al Artículo 148 de la Constitución de la República que le otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional “por grave crisis política y conmoción interna”.
El Jefe de Estado aseguró que la decisión tiene como objetivo “darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.
Según el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana “la Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.
Este es “un nuevo momento para construir juntos un mejor futuro para el Ecuador (…) No es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una Asamblea que tiene como proyecto político desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado”, aseguró.
Una vez publicado el decreto, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo máximo de siete días, según la Constitución de la República, para convocar en una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.
Mientras tanto y hasta que se instale una nueva Asamblea Nacional, el Presidente Guillermo Lasso podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica.
Así, el primer Decreto firmado como Ley de Urgencia Económica es la del Fortalecimiento de la Economía Familiar. Con esta ley el Gobierno Nacional busca fortalecer la economía de 460 mil familias ecuatorianas para que cerca de USD 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley fue remitido a la Corte Constitucional para su dictamen.
El Gobierno aclaró que todos los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional garantizarán la seguridad en todo el territorio ecuatoriano.