Cancillería presenta los nuevos convenios bilaterales de inversión
Quito, 25 de febrero de 2018
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentará la primera semana de marzo el nuevo modelo de los convenios bilaterales de inversión a los 16 países cuyos anteriores tratados fueros denunciados por incumplir la Constitución y causar perjuicios al país. Los antiguos tratados bilaterales de inversión (TBI) han sido denunciados no sólo por Ecuador sino que también han sido cuestionados por otra quincena de países, entre ellos Canadá, Noruega, Vietnam, la Unión Europea o Estados Unidos.
La canciller, María Fernanda Espinosa, explicó que el Estado realizó un “rediseño” de los acuerdos para adaptarlos al contenido de la Carta Magna de 2008. Los textos de los nuevos “convenios bilaterales de inversión” (CBI) son fruto de un esfuerzo interinstitucional entre la Cancillería, el Ministerio de Comercio Exterior, la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades), Procuraduría y la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
“En este momento tenemos listo el nuevo modelo de protección de inversiones, la próxima semana se realizará un acto público en el que se entregará a los 16 países interesados la propuesta ecuatoriana y con base a esa propuesta avanzaremos negociaciones para tener marcos de acuerdos bilaterales con esos países”, indicó.
“Era fundamental que uno de los mensajes que demos a la comunidad internacional es la seguridad jurídica, la estabilidad política y monetaria, las tres cosas ofrece el Ecuador de manera amplia”, manifestó la ministra Espinosa al referirse a las negociaciones a realizarse la próxima semana con el nuevo formato de tratados bilaterales de inversiones.
Este nuevo modelo se ampara en la Constitución de Montecristi. “En las restricciones y límites que impone nuestro marca legal y constitucional, ahora tenemos un acuerdo de nueva generación que privilegia el interés nacional”, afirmó la jefa de la diplomacia ecuatoriana.
El 16 de mayo de 2017, mediante decreto presidencial, Ecuador denunció los “acuerdos de promoción y protección recíproca de Inversiones” —más conocidos como tratados bilaterales de inversión (TBI)— con Italia (2001), Bolivia (1995), Perú (1999), España (1996), Estados Unidos (1993), Canadá (1996), Argentina (1994), Venezuela (1993), Francia (1994), Países Bajos (1999), Suecia (2001), Chile (1993), Suiza (1968), China (1994), Alemania (1996) y Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1994). La motivación fue la vulneración del artículo 422 de la Constitución y el perjuicio al país causado por los tribunales arbitrales internacionales «por cuanto los árbitros generalmente tienen intereses en las compañías que invierten en Ecuador”.
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