Madrid, 21 de octubre de 2016

La Viceministra de Movilidad Humana, Esther Cuesta; el embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano y la abogada Cynthia Favero, representante del despacho jurídico Abogados Sin Fronteras, anunciaron hoy en rueda de prensa, la presentación de la querella conjunta de los perjudicados por la empresa OGC Office S.L ante la Audiencia Nacional española, para solicitar las responsabilidades civiles y penales que correspondan a este caso.

La abogada Cynthia Favero, representante del despacho jurídico contratado por la Cancillería del Ecuador para la defensa de los perjudicados, ha especificado que la querella comprende a 612 ciudadanos, 412 que han otorgado un poder especial para la querella y 200 que han aportado documentos: denuncias y albaranes de los envíos realizados. “La querella ha sido entregada a la procuradora para su presentación, esperamos que en un plazo estimado de 1 a 3 meses la Audiencia se pronunciará sobre su admisión”, explicó.

La cifra inicial de ciudadanos querellantes -612- es provisional, pues se conoce que la empresa operaba en varias ciudades del territorio español e incluso recogía paquetería en otros países, por lo que más adelante se informará del proceso que deban seguir quienes quieran adherirse a ella, una vez ésta haya sido admitida por la Audiencia Nacional. Sobre el monto estimado de perjuicio que refleja la querella, la abogada de Sin Fronteras ha informado que por el momento supera el millón de euros.

La Viceministra de Movilidad Humana, Esther Cuesta, quien preside en España el Taller de Cónsules de Ecuador en Europa, señaló que para el Gobierno Nacional “es una prioridad la atención a sus ciudadanos en el exterior y velar constantemente por sus derechos”.

Así mismo indicó que se trabaja con otras instituciones estatales para fortalecer los mecanismos de información para la comunidad migrante. “Actualmente se está analizando junto con la Aduana en Ecuador un método que pueda orientar a los ciudadanos a la hora de elegir las empresas con las que trasladarán su menaje de hogar, precisamente para prevenir que se repita este tipo de situaciones”, manifestó.

De su parte, el embajador Miguel Calahorrano destacó que si bien éste es un caso “entre particulares”, desde el primer momento la Embajada antepuso la protección de los derechos de sus ciudadanos y contactó con la Cancillería para recibir instrucciones de cómo proceder ante esta posible estafa masiva.

“El 19 de marzo anunciamos a los afectados que pondríamos un servicio jurídico para asistirlos, hemos estado y estamos en permanente contacto con ellos para informarles de los avances del caso, incluso facilitamos una reunión de los perjudicados con el Fiscal Galo Chiriboga en el mes de marzo, quien inmediatamente dio inicio a un proceso contra la empresa en Ecuador y solicitó a la Fiscalía española iniciar las investigaciones pertinentes”, reseñó el Embajador.

En la rueda de prensa dada ésta mañana en la Embajada ecuatoriana en España, se informó también del proceso de entrega de las mercaderías identificadas en la nave de OGC en Palma de Mallorca, acción que se consiguió en coordinación con la Embajada y la policía española. “Se han devuelto 75 de los 79 paquetes que estaban en la nave, solo quedan 4 que están en proceso de localización de sus propietarios. Para inicios de noviembre se iniciará un proceso similar con la mercadería situada en la nave de Madrid”.

El acompañamiento y asesoramiento que la Cancillería ecuatoriana presta a los compatriotas en el exterior a través de sus consulados y embajadas es parte del compromiso del Gobierno nacional de velar por la protección integral de sus derechos.